Fecha Noticia: 25/04/2025
La Comisión de Constitución y Códigos de Diputados aprobó este miércoles un proyecto de ley que obliga a las intendencias a realizar concursos públicos para contratar personal. La iniciativa, basada en una propuesta del fallecido senador Adrián Peña, recibió respaldo transversal de Frente Amplio, Partido Colorado y Cabildo Abierto, mientras el Partido Nacional optó por no acompañar la votación en comisión. El texto, que será tratado en el plenario del 6 de mayo, busca estandarizar los procesos de ingreso en los 19 gobiernos departamentales. Según el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Amado, la medida responde a una «demanda social» de mayor transparencia y equidad en el acceso al empleo público. «Recorrimos departamentos y la ciudadanía exige este mecanismo», declaró en entrevista con En Perspectiva. Qué dice el proyecto de ley El artículo 1 establece que ingresos y ascensos en intendencias deben realizarse mediante concursos basados en méritos, con criterios de publicidad e igualdad de oportunidades. Solo se permitirá el sorteo público si el jerarca departamental lo justifica formalmente. El artículo 2 prohíbe contrataciones en los 12 meses previos al fin de cada período de gobierno, para evitar nombramientos electoreros. Amado confirmó que cuentan con 67 votos —frente a los 66 requeridos—, sumando apoyos de 48 legisladores frenteamplistas, 17 colorados y 2 de Cabildo Abierto. Además, anticipó gestiones para sumar al Partido Independiente e Identidad Soberana. El proyecto necesita mayoría calificada por tratarse de una norma que interviene en autonomías departamentales. Si se convierte en ley, las intendencias tendrán 180 días para adecuar sus normativas. El Ministerio de Trabajo ofrecerá capacitaciones sobre diseño de concursos, mientras la Agesic desarrollará una plataforma digital unificada para publicar vacantes y resultados. El Partido Nacional en contra del proyecto de ley Desde el Partido Nacional argumentan que la ley podría ralentizar gestiones y generar burocracia. Amado desestimó estas objeciones: «Un intendente tiene cinco años para organizar concursos. Decir que no hay tiempo es una excusa infantil«. Destacó que sistemas similares funcionan en Montevideo y otros departamentos sin afectar la eficiencia administrativa. Para evitar concursos «a medida», se evalúa incorporar controles mediante las juntas departamentales. «Las intendencias mantendrán autonomía, pero con supervisión de los concejos municipales», explicó. Agregó que expertos constitucionalistas avalan la legalidad del proyecto, citando el artículo 262 de la Carta Magna, que permite al Parlamento legislar sobre gobiernos locales con mayorías especiales. El objetivo central, según Amado, es erradicar el clientelismo político en el acceso a cargos públicos. «La pertenencia partidaria no puede seguir siendo el pasaporte para empleos municipales», afirmó. Datos del Instituto Nacional de Estadística indican que el 43% de los funcionarios departamentales ingresó sin procesos competitivos entre 2015 y 2020. El proyecto incluye excepciones temporales: no aplicaría para contrataciones de emergencia —como desastres naturales— ni para cargos de confianza política. Sin embargo, estas deberán publicarse en portales oficiales con justificación detallada. Para garantizar cumplimiento, se prevén sanciones administrativas a intendencias que incumplan, aunque el texto no especifica montos ni multas. Tras su aprobación en comisión, el proyecto pasará al plenario de Diputados el 6 de mayo. De obtener los 66 votos, seguiría su camino al Senado, donde necesitaría igual mayoría. Amado confía en su viabilidad: «Hay consenso sobre la necesidad de modernizar el Estado. Esto no es contra nadie, sino a favor de la institucionalidad«.
