Fecha Noticia: 22/04/2025
El presidente de la República, Yamandú Orsi, ha señalado la necesidad de ajustar el enfoque económico debido a la situación actual del país. Orsi explicó que la situación obligará al gobierno “a sacar el pie del acelerador en algunos casos”, debido a las cifras heredadas de la anterior administración de Luis Lacalle Pou. Este análisis se centra en los datos proporcionados por Orsi y por otras entidades, así como en las declaraciones de diferentes actores políticos. Durante una rueda de prensa, Orsi consideró que los números entregados por la administración anterior “no son los mejores para arrancar un período de gobierno”. Añadió que es imprescindible “ser prudente incluso en la adjetivación”. El presidente resaltó las dificultades económicas que deberá enfrentar su gobierno. Orsi se refirió a la deuda de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), la cual resultó ser más elevada de lo esperado. En sus declaraciones, subrayó que “se pensaba que era un número y es otro”, lo que indica un panorama más complejo para gestionar los recursos públicos. Uno de los puntos críticos que enfrenta el nuevo gobierno es el manejo de la deuda pública y el déficit fiscal. Según Orsi, aunque todavía no se conoce con exactitud el resumen completo de la situación económica, se espera que la conocida Rendición de Cuentas ofrezca mayor claridad sobre las cifras reales. ¿Qué situación dejó Lacalle Pou? El ministro de Economía, Gabriel Oddone, mantuvo que “no hay ninguna bomba” económica inminente, lo que sugiere una estabilidad relativa, aunque frágil. Sin embargo, el senador Daniel Caggiani había advertido sobre “bombas instaladas” que requieren atención inmediata por parte del nuevo gobierno. El gobierno de Luis Lacalle Pou, que culminó en 2025, dejó un déficit fiscal significativo. En 2024, este déficit alcanzó el 4.1% del Producto Interno Bruto (PIB), según informes relevantes. Aunque representa una mejora respecto al 4.4% observado en 2019 durante la administración de Tabaré Vázquez, sigue siendo notablemente superior al objetivo del 2.5% fijado para 2020. Este déficit pone de manifiesto que las políticas fiscales no consiguieron estabilizar plenamente las finanzas públicas del país. La economía uruguaya experimentó un crecimiento reducido durante los últimos años del gobierno de Lacalle Pou. Después de un periodo de crecimiento del 4.9% en 2022, la economía se desaceleró a un 1% en 2023. Esta ralentización fue influenciada por factores externos, como una sequía histórica que impactó al sector agrícola, elemento vital para la economía del país. Además, el Fondo Monetario Internacional prevé una modesta recuperación con un crecimiento del 3.3% en 2024. Los desafíos estructurales que enfrentó el gobierno de Lacalle Pou incluyeron una alta inflación y un incremento en los costos de vida. Aunque la inflación mostró una desaceleración en 2024, el poder adquisitivo de los ciudadanos siguió siendo limitado. Adicionalmente, la pobreza aumentó en un 2% respecto a cinco años antes, y la pobreza infantil alcanzó el 25%. Lacalle Pou implementó ciertas reformas como una medida de ajuste fiscal, que incluyó un polémico aumento en la edad de jubilación de 60 a 65 años. Esta decisión causó descontento público y reflejó las dificultades para introducir cambios sociales y fiscales. Un intento de referéndum para aumentar las pensiones fue rechazado, evidenciando los desafíos en la implementación de políticas que buscan mejorar la competitividad económica. La denominada Ley de Urgente Consideración, aprobada en 2020, buscó renovar más de 30 políticas públicas con la intención de potenciar la competitividad. Sin embargo, los resultados de estas modificaciones fueron mixtos, ya que no lograron abordar completamente los problemas estructurales del país.
