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Indicadores coyunturales de Uruguay Fecha Noticia: 08/04/2021

La idea de un impuesto mínimo global a la renta empresarial cobra fuerza

La Cámara de Representantes dio paso a la resolución conjunta que tendría el efecto de posponer la implementación del contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la empresa LUMA Energy hasta después del 15 de enero de 2022.

La Resolución Conjunta de la Cámara 88 (RCC88) pasará ahora a la evaluación del Senado y posteriormente a la firma del gobernador Pedro Pierluisi.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) fue la voz opositora a la resolución, aunque reconocen que es necesario que se evalúe el contrato para proteger a los empleados de la autoridad. Los demás partidos se expresaron a favor.

Los novoprogresistas Juan Oscar Morales y Víctor Parés insistieron en la necesidad de que se privatice la AEE ante la situación económica que atraviesa la corporación pública.

“De hecho, cuando leen esta resolución el entrelinea es que no creen en la privatización, pero no se atreven a exponerlo en la resolución. Debería decir que se oponen, pero no se atreven. Saben que afuera el País está cansado de los servicios deficientes que reciben por parte de la AEE”, expresó Morales.

Mientras que Parés insistió en que las leyes que regulan el proceso de privatización protegen a los empleados. “Empleado y empleada de la AEE que nos escucha, tu empleo aquí está garantizado. De hecho, la política pública que estableció la pasada administración estaba enfocada en ese empleo tuyo. La Ley 120 está aquí en blanco y negro”, le comunicó a los trabajadores de la corporación pública.

El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara, Luis Raúl Torres, tuvo a cargo la presentación de la medida. “Esto tiene el propósito de que se le haga enmiendas al contrato de LUMA Energy y se protejan los intereses del pueblo. La Resolución Conjunta de la Cámara 88 establece que deben ser fundamentados y que se garantice una baja tarifaria y se evite el despilfarro de fondos públicos para favorecer intereses privados. También pide que se garantice por escrito el empleo de los empleados de la AEE”, expresó.

Torres cuestionó si la empresa está preparada para enfrentar la cercana temporada de huracanes porque el contrato “requiere integrar a LUMA Energy el sistema de transmisión y distribución”.

“Por todos los hallazgos que hemos encontrado en esta investigación, resulta claro nuestra responsabilidad como legisladores de proteger los mejorares intereses del pueblo y que se requieran las enmiendas, al menos, porque desde mi punto de vista se debería cancelar”, agregó.
Esta iniciativa, que tiene como objetivo acabar con la competencia por impuestos a la baja entre países y el uso de paraísos fiscales por parte de las empresas, estará en la agenda de los ministros de Finanzas del G20 cuando se reúnan virtualmente el miércoles, y el grupo podría dar a conocer una propuesta en julio.

La idea ha sido promovida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero recibió un nuevo impulso esta semana cuando la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró que buscaría un acuerdo en el G20.

"Juntos podemos usar este impuesto mínimo global para asegurarnos de que la economía prospere sobre la base de una mayor igualdad de condiciones de tributación para las empresas multinacionales", señaló el lunes Yellen.

Esta armonización fiscal, destinada a imponer un mínimo gravamen a las empresas independientemente del país donde se encuentren, buscaría evitar que las empresas eludan impuestos estableciendo sedes en países con tasas más bajas, una práctica frecuente entre las firmas de tecnología que drena recursos de las arcas gubernamentales.
"Gran paso adelante"

Estados Unidos redujo su tasa impositiva corporativa en 2017 durante el gobierno del expresidente republicano Donald Trump. Pero su sucesor, el demócrata Joe Biden, propuso la semana pasada aumentar la tasa nuevamente para financiar un plan masivo de infraestructura y empleos de más de dos billones de dólares.

Sin embargo, Yellen ha dicho que sería mejor acoplar un aumento de la tasa de Estados Unidos con un impuesto mínimo global para poner fin a la "carrera a la baja" entre los países para ver quién implementa la tasa menor.

Aliados europeos de Washington acogieron con agrado la iniciativa de Estados Unidos.

"Un acuerdo global sobre fiscalidad internacional está ahora a nuestro alcance", dijo el martes a la AFP el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, pidiendo a los países "aprovechar esta oportunidad histórica".

El ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, calificó el anuncio de Yellen como un "gran paso adelante" en la batalla para detener la erosión de los ingresos del gobierno.

"El apoyo de Estados Unidos le da a esta iniciativa un fuerte viento de cola", dijo Scholz, y agregó que esperaba que se pudiera llegar a un acuerdo este año.

La Comisión Europea se manifestó en el mismo sentido, esperando "una solución mundial consensuada" para el verano boreal. Su portavoz, Daniel Ferrie, señaló que el bloque pidió a "todos los socios globales que sigan participando en estas discusiones y que continúen trabajando sin demora".
¿Qué tan alto?

El Fondo Monetario Internacional se sumó el martes a las voces de apoyo. "Estamos muy a favor de un impuesto mínimo global a la renta empresarial", afirmó la principal economista del organismo multilateral, Gita Gopinath.

En rueda de prensa al comienzo de las reuniones de primavera boreal del FMI y el Banco Mundial, Gopinath señaló que los gobiernos enfrentan "gran cantidad" de evasión fiscal y de dinero transferido hacia paraísos fiscales.

Indicó que esto es un motivo de "gran preocupación" para el FMI porque "reduce la base impositiva sobre la que los gobiernos pueden recaudar ingresos y gastar en las necesidades sociales y económicas".

La reforma internacional tendría dos componentes: la tasa impositiva mínima y el establecimiento de un sistema para modular los impuestos corporativos en función de las ganancias en cada país, independientemente de dónde tengan su sede las empresas, lo que probablemente afectaría más a los gigantes tecnológicos.

No se ha decidido ninguna tasa, pero las estimaciones oscilan entre el 12,5% y el 21%.

Fuente: 180 (Uruguay)

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Equipo Colaborador

Gabriela Mordecki
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
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