Fecha Noticia: 11/09/2024
Tras las declaraciones de los candidatos a la gobernación sobre su intención de eliminar o reformar el impuesto al inventario, los comerciantes entienden que la posibilidad de lograr este cambio está cada vez más cerca, aunque persiste el temor de que dichas promesas se queden en el tintero, como ha sucedido en años anteriores. “Nosotros favorecemos la eliminación del impuesto al inventario. Es algo importantísimo porque incide en el costo de hacer negocios en Puerto Rico para cualquier empresa. Pero, además, tiene que ver con las limitaciones que pone en la cadena de abastecimiento y para también responder con las emergencias, sean de siniestros naturales u otras situaciones estructurales que pueda haber en nuestra economía, o cuando hay problemas en la cadena de transporte, sea por mar o por aire”, dijo Ramón Barquín III, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD). Esto, luego de que los cuatro candidatos a la gobernación, coincidieran en que urge eliminar o modificar el impuesto al inventario, según se expresaron en el más reciente foro de la Asociación de Farmacias de la Comunidad. Para Barquín, urge incentivar la producción y estimular el crecimiento empresarial, ya que, a su juicio, es “como único” se podrá salir de la crisis económica que atraviesa la Isla. Sin embargo, recordó que más allá de presentar ideas, es necesario identificar fuentes alternas a los ingresos que entran por el impuesto al inventario, para que tenga posibilidad de aprobación ante la Junta de Control Fiscal (JCF). De acuerdo con datos del CRIM, el impuesto al inventario genera entre $210 millones y $230 millones anuales a las arcas municipales. Cabe destacar que ya el director ejecutivo de la JCF, Robert Mujica, ha expresado públicamente que una reforma al modelo de impuesto al inventario es “crítica” para asegurar suministros, prepararse ante emergencias y ayudar a las familias puertorriqueñas. A juicio de Eric Santiago, presidente de la Asociación de industriales de Puerto Rico (PRMA), el impuesto al inventario “es un acto retrógrado en contra del bienestar de las familias y de las empresas”. El ejecutivo entiende que los municipios y el gobierno de Puerto Rico deben trabajar en medidas específicas sobre cómo crear eficiencias, tal y como lo hace el sector privado para compensar esa reducción en ingresos. Recordó que este año el Departamento de Hacienda, mediante una resolución conjunta, envió reembolsos por aproximadamente $250 millones a los contribuyentes, aprovechando un sobrante en caja autorizado por la JCF. Resaltó que precisamente esa cifra coincide con el costo estimado del impuesto al inventario y que, a su juicio, pudo haberse utilizado para compensar esos ingresos de los municipios, eliminar el impuesto y aumentar la competitividad. “Cuando tú tienes un ambiente competitivo, esas reducciones en aranceles e impuestos se le transfiere al consumidor, porque la competencia entre los supermercados y todas estas cadenas regionales para atraer consumidores, traspasan esa reducción y te crean un mejor ambiente de competencia en el País”, dijo Santiago. Por su parte, Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), indicó que la viabilidad de esta propuesta no debería depender de las consecuencias que podrían enfrentar las finanzas municipales. “El problema histórico ha sido que han puesto dos realidades que no deberían estar encontradas. Que es: la realidad de la necesidad de seguridad nacional y de desarrollo económico de una nación; y la realidad de que los municipios necesitan financiamiento. Esas son dos realidades, pero no pueden depender una de la otra. Hay que solucionar las dos”, recalcó Reyes. El impuesto es una agravante a la seguridad alimentaria, tomando en consideración que Puerto Rico importa más del 80% de los alimentos que se consumen en la Isla. Según una radiografía del consumidor 2024, estudio comisionado por MIDA, el 47% de los participantes saca artículos del carrito de compra porque no tienen el dinero suficiente y un 28% de los encuestados respondió que siempre va a hacer la compra con una cantidad de dinero limitada, lo cual sube hasta 39% en el caso de los participantes del PAN. Por otro lado, se estima que eliminar el impuesto al inventario reduciría en la Isla entre tres y cuatro puntos porcentuales el faltante en góndola, mejor conocido como ‘out of stock’, de acuerdo con Professional Market Research (PMR). El año pasado el faltante en góndola cerró en un 16.3%, casi el doble de lo que se experimenta en los Estados Unidos. Esta merma se lograría debido a que la eliminación de dicho impuesto permitiría que las empresas compren en mayores cantidades, lo que a su vez resultaría como una opción más costo efectiva. Además, Reyes sostuvo que esto podría darle la oportunidad a Puerto Rico de convertirse en un centro de distribución. Preocupa que no se materialicen enmiendas Por su parte, Lymaris Otero, directora ejecutiva de la Asociación de Comercio al Detal (Acdet), aclaró que eliminar dicho impuesto no solo constituye un beneficio para el comerciante, sino que redundará directamente en precios más asequibles para los consumidores. “Aunque ahora hemos tenido ciertas mejoras en el comercio y en el concepto de venta, los niveles de inventario siguen por debajo de los 20 días y el ‘out of stock’ nunca baja del 12%, se mantiene oscilando en 14%, 15% y hasta 16%, cuando lo saludable debe ser un 8%. Es un asunto que se debe atender inmediatamente y nos complace escuchar a los candidatos hablando de esto y esperamos que el que prevalezca, en enero de 2025 pueda llevar esto rápidamente a la Legislatura”, dijo Otero. Aunque admitió que le preocupa que estas intenciones se conviertan en “letra muerta”, indicó que esta es la vez que más cerca ven su posibilidad, porque antes de esta contienda electoral el sector comercial encaminó varios esfuerzos y reuniones con el sector público. Incluso, durante el cuatrienio corriente, la Legislatura radicó el proyecto de la Cámara 1798, cuyo propósito es fijar una metodología temporera de tributación sobre el renglón de inventario, por lo que busca fijar por los próximos seis años la responsabilidad contributiva según el inventario. Al cabo de este lapso de tiempo, el impuesto al inventario se eliminaría. Aunque este fue aprobado por la Cámara, se quedó pendiente a acción posterior en el Senado. “Independientemente de que nos preocupa si estas expresiones (de los candidatos) se quedan en letra muerta, en esta ocasión ya habíamos adelantado bastante y el que prevalezca lo que tiene que hacer es retomar donde nos quedamos en las conversaciones y las propuestas”, puntualizó Otero.
