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Indicadores coyunturales de Puerto Rico Fecha Noticia: 23/02/2024

Comunidades urgen mayor regulación de alquileres a corto plazo

Frente a la proliferación de alquileres a corto plazo que incrementaron alrededor de 40% en el 2023 y que suman más de 25 mil en el archipiélago, el desplazamiento de comunidades y la inaccesibilidad de vivienda han aumentado, según la organización sin fines de lucro El Enjambre. La entidad abordó la problemática a través del informe comisionado por el Hispanic Federation “Propuestas para reducir el impacto de los arrendamientos a corto plazo (ACP) en el desplazamiento de comunidades”, con el propósito de involucrar la voz comunitaria en los esfuerzos para erradicar el impacto negativo de esta actividad comercial. Si bien el informe resalta el aporte económico y turístico de los ACP en Puerto Rico, también plantea que la falta de fiscalización ha permitido efectos secundarios significativos que repercuten sobre la calidad de vida de los residentes en la Isla, mayormente por la gentrificación. “Con tanto que ofrecer a los visitantes, el turismo siempre será parte importante de la economía de Puerto Rico. Sin embargo, no puede hacerse a expensas de los residentes y las comunidades. El gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad de balancear las oportunidades creadas por los arrendamientos a corto plazo con su deber principal de proteger los derechos y necesidades de las comunidades”, expresó el presidente y principal oficial ejecutivo de Hispanic Federation en Puerto Rico, Frankie Miranda. En el estudio, el ejecutivo indicó que pudieron recopilar las principales preocupaciones de aliados comunitarios —entre los municipios de Aguadilla, Rincón, Cabo Rojo, San Juan y Culebra, entre otros— y entidades sin fines de lucro como la Asociación de Titulares de Condominios para identificar posibles recomendaciones que mitiguen el acelerado crecimiento de la industria de alquileres a corto plazo. Aunque Puerto Rico ya experimentaba una crisis, intensificada por desastres naturales, la lenta recuperación y condición socioeconómica del País, los ACP agravan el derecho a una vivienda adecuada. Con el respaldo de líderes comunitarios, el informe no propone prohibir los alquileres a corto plazo, sino clasificarlos como negocios y requerir licencias, permisos y otros requisitos implementados en el sector comercial. Entre las recomendaciones, sugieren distinguir entre los propietarios con múltiples viviendas arrendadas versus los que utilizan su residencia principal para alquiler, aumentar el actual impuesto de los ACP de 7% a 9%, pero, sobre todo, incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones. Retos que enfrentan los puertorriqueños En el País, la incursión desmedida de los ACP repercute, día a día, en la precarización de la calidad de vida por ruidos excesivos, inseguridad y condicionamiento del espacio que resulta incompatible con el uso residencial, pues solo responde a la necesidad turística, y el encarecimiento de los servicios esenciales, indicaron. Así lo ejemplificó Gloria Cuevas, originaria de San Juan, quien dejó atrás el municipio en 2010 tras el embargo de su propiedad, y comenzó a vivir alquilada en Rincón donde llegó a pagar $500 como máximo en renta. Desde entonces, Cuevas relató que experimentó el desplazamiento tres veces por dueños que luego convirtieron la propiedad en un alojamiento de corto plazo, y como le sucedió en una ocasión, que después de ofertarle la casa en $125,000, colocaron la vivienda en un precio que no podía pagar: $375,000. “Dónde la gente piensa que va la gente que desplazan, o sea, esas almas a dónde van. Somos seres humanos. Tres veces decirte que te tienes que ir de una casa, que sabemos que es alquilada, pero porque la van a hacer un Airbnb, y yo dónde quedo”, expresó la también maestra retirada. “Es un tema bien urgente y creo que no se está hablando lo suficiente”, añadió. Cónsono al planteamiento de Cuevas, la cofundadora de Mujeres de Islas, Dulce María del Río Pineda, resaltó cómo el asunto se extiende a los jóvenes que hoy día no tienen acceso a un hogar asequible y digno. Según la líder de la organización comunitaria en Culebra, la intención de una persona en regresar al municipio puede estar, pero los ofrecimientos no son suficientes. Por ejemplo, la renta de un estudio ronda los $2 mil mensuales. “No aguantamos un día más. Es inminente el llamado que estamos haciendo de que se regule de forma robusta, entiéndase que se pueda incorporar a la comunidad en esa toma de decisión”, comentó del Río Pineda. Relacionado al asunto, la compañía Airbnb expuso recientemente, en declaraciones escritas, que está comprometida con “la regulación inclusiva y moderna del alquiler a corto plazo” en Puerto Rico. Al respecto, la empresa gestionó un plan que incluye diversas particularidades, tales como: la redistribución del turismo entre los 78 municipios de la Isla e incentivar la capacitación de emprendedores en el ámbito turístico. La compañía resaltó a su vez su apoyo a proyectos de la legislatura como el P del C 1557, que busca establecer un “intercambio de datos a través de un proceso de registro para los anfitriones” que también “definirá los parámetros para diferenciar los alquileres a corto plazo de la hostelería tradicional” y el P del S 936 para llevar los beneficios del “room tax” de los ACR entre todos los pueblos. “Se ha hablado mucho últimamente sobre la naturaleza e impacto de las rentas de corto plazo en el tejido urbano, económico y social de la capital”, indicó Ángel Terral, director general de Airbnb para Centroamérica y El Caribe. “Airbnb espera que, con estos ejes de trabajo y la información de la actividad de la plataforma, se pueda evaluar en detalle su operación para que de esta manera se tomen decisiones sobre políticas y promoción turística en beneficio de todos sus ciudadanos. Para Airbnb es de suma importancia que esta actividad se pueda desarrollar de manera responsable y respetuosa con las comunidades en donde se encuentran los espacios disponibles en la plataforma”, agregó.

Fuente: El Vocero (Puerto Rico)

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Equipo Colaborador

José Caraballo Cueto
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