Fecha Noticia: 21/12/2023
La Defensoría del Pueblo se pronunció este miércoles, 20 de diciembre, después de que el sindicato de trabajadores de esta institución denunciara el “despido encubierto” de su secretaria general, Magali González Manco. En un comunicado, el gremio sindical rechazó categóricamente la decisión del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, de no renovar el contrato de la referida funcionaria, alegando que esta disposición se habría hecho “sin informe técnico de sustento”. Al respecto, la institución alegó que su presupuesto para el periodo fiscal 2024 – que aún no ha sido aprobado en su totalidad por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) – sufrió un “significativo corte” que afecta los ingresos ordinarios de la entidad, entre ellos el pago de planillas. “Esta situación ha obligado a dar por concluida las labores de 42 trabajadores cuyos contratos vencen el 31 de diciembre del presente año, incluido el caso de la trabajadora [Magali González], cuya situación ha sido expuesta en los medios de comunicación”, se lee en la misiva. La Defensoría del Pueblo concluyó su breve pronunciamiento señalando que buscará que MEF acceda a una ampliación de presupuesto, para contar nuevamente con el personal suficiente que “le permita desarrollar sus funciones en beneficio de todos los peruanos”. Sindicato denuncia represalias En tanto, el sindicato indicó que dicha decisión es "una muestra inaceptable de intolerancia y arbitrariedad" por parte de Gutiérrez Cóndor "en represalia por la posición crítica que el gremio sindical ha venido adoptando frente a los actos y decisiones que han afectado la vigencia de los derechos de los trabajadores y trabajadoras" de la entidad. Según el sindicato, la decisión del defensor del Pueblo respecto a Magali González se habría hecho "sin informe técnico de sustento". La medida fue comunicada el día de ayer, 19 de diciembre, a través de un memorando en el que le indicaron a González Manco que su último día de trabajo será el 31 de este mes. Como se recuerda, el gremio de trabajadores de la Defensoría del Pueblo ha tenido un rol activo frente a diversos sucesos que involucran a la institución. En noviembre, exigieron a Josué Gutiérrez "que se aparte del cargo de defensor del Pueblo y se someta a una investigación", en el marco del operativo Valquiria V que reveló presuntas negociaciones en la elección del titular de la Defensoría por parte de congresistas y asesores de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Por otro lado, en mayo del año pasado, el sindicato presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial para dejar sin efecto el proceso de elección del nuevo defensor del Pueblo por parte del Congreso, por "vulneración al debido proceso". Además, el pasado mes de octubre, se pronunciaron en contra de que el Parlamento aprobara la modificación a la Ley Orgánica de la entidad para que Josué Gutiérrez pueda elegir a los adjuntos de la Defensoría del Pueblo directamente, sin concurso público. Ese mismo mes, denunciaron que 15 trabajadores CAS de la entidad fueron desvinculados "sin evaluación alguna". Asimismo, el último mes de setiembre, denunciaron que su secretaria general habría sido agredida de manera verbal por Elizabeth Zea Marquina, nombrada adjunta en Asuntos Constitucionales por Josué Gutiérrez, por lo que exigieron su destitución.
