Fecha Noticia: 28/03/2025
Los constantes cambios geopolíticos que se vienen dando en América Latina por la alternancia del poder entre sectores de derecha e izquierda, que han derivado en debilidad institucional en varios países y en algunos casos en crisis económicas y políticas, están sirviendo de caldo de cultivo para una problemática que cada vez toma más fuerza en la región, según una reciente alerta de Moody’s. Se trata de las batallas legales entre grandes inversionistas y los gobiernos nacionales, en litigios impulsados principalmente por las grandes empresas mineras, de energía y transporte, que desafían cada vez más las sentencias judiciales, leyes y regulaciones de naciones soberanas que reducen sus utilidades con la intención de llegar a acuerdos multimillonarios, generando una crisis fiscal. Para este análisis, desde Moody’s tomaron como referencia los casos judiciales que maneja actualmente el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), entidad que hace parte del Banco Mundial. Según los investigadores, esta es una fuente “sorprendentemente grande” de riesgo fiscal para los gobiernos, ya que las demandas de compensación gubernamental representan cerca del 9% del PIB en promedio y el 15% del PIB en los casos más extremos de las economías de mercados emergentes. “En los países de América Latina, las consecuencias de estas disputas han aumentado considerablemente hasta el punto en que representan una amenaza para su posición fiscal que no puede subestimarse desde el punto de vista crediticio”, resaltaron. Para explicar mejor su punto, recordaron que en enero, el tribunal arbitral del Ciadi desestimó la impugnación de Venezuela contra un laudo de US$8.700 millones otorgado a ConocoPhillips (A2 estable). Según dijeron el monto inicial tenía una tasa de interés anual del 5,5%, lo que ha hecho que el monto total adeudado supere los US$11.000 millones, una cifra que representaría un pasivo sustancial para Venezuela. “Las crisis económicas y las nacionalizaciones a menudo crean condiciones que desencadenan litigios judiciales entre las empresas inversionistas y los soberanos. Por ejemplo, de los 21 casos presentados contra soberanos latinoamericanos en 2003, 17 fueron contra Argentina, que estaba aplicando una ley de emergencia para manejar la crisis económica que llevó a abandonar la paridad cambiaria entre el peso y el dólar”, acotaron. ¿Cómo está Colombia? Para el caso del mercado local, Moody’s considera que Colombia se destaca positivamente dentro del panorama de disputas entre Estados e inversionistas en América Latina, ya que a diferencia de otros países de la región, ha demostrado una sólida capacidad institucional y una política pública eficaz, lo que le ha permitido ganar más de la mitad de los casos que ha enfrentado ante el Ciadi y se refleja en un entorno legal predecible y un marco contractual relativamente respetado. En el análisis, Colombia se posiciona como un ejemplo de que es posible pertenecer al Ciadi sin comprometer gravemente la estabilidad fiscal o la confianza inversionista. Su enfoque legal y técnico ha permitido defender sus intereses soberanos sin exponerse a compensaciones desproporcionadas. Esta fortaleza institucional, según Moody’s, contribuye a mantener una percepción crediticia más estable frente a los mercados internacionales. “Además, la experiencia colombiana demuestra que un marco jurídico confiable puede coexistir con una apertura a la inversión extranjera. Mientras otros países enfrentan una creciente presión financiera y reputacional por demandas ante el organismo consultado, Colombia ha logrado minimizar estos riesgos. Moody’s resalta que esta capacidad de gestionar los litigios internacionales sin deteriorar la confianza inversionista es un activo clave para su perfil crediticio”, manifestaron. Establecido en 1966, el Ciadi es un organismo de arbitraje del Banco Mundial dedicado a la resolución de litigios entre inversionistas y Estados, cuyas sentencias son definitivas y directamente ejecutables. Maneja aproximadamente el 70% de las disputas globales en materia de inversión y ha supervisado 1,028 casos desde 1972. “Si bien la capacidad del Ciadi de brindar recursos en caso de disputas tiene como objetivo incentivar la inversión extranjera directa, no todos los Estados se acogen al Convenio. En América Latina, por ejemplo, Brasil (Ba1 positiva) no es signatario. Asimismo, varios países que anteriormente fueron miembros, han retirado su membresía”, informaron. Los principales sectores económicos de América Latina son los más afectados por los casos. La industria del petróleo, el gas y la minería ha sido la más activa, con litigios ante el CIADI en toda la región que representaron el 26% del total de casos registrados. Le sigue el sector del transporte con un 14% de los casos, y la industria de energía y generación eléctrica ocupa el tercer lugar con un 13%. “Es probable que gran parte de la concentración de casos en estos sectores esté correlacionada con su atractivo relativo para la inversión y la riqueza de los recursos naturales y de otro tipo en estos Estados. De los casos relacionados con el petróleo, el gas y la minería, el 21% fueron contra Venezuela, que posee las mayores reservas de petróleo del mundo, aunque es objeto de sanciones y volatilidad política”, concluyeron.
