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Indicadores coyunturales de Ecuador Fecha Noticia: 24/01/2024

Daniel Noboa tiene vía libre para ratificar tratados internacionales en defensa con Estados Unidos

El Gobierno nacional podrá ratificar dos tratados internacionales con los Estados Unidos enfocados en cooperación en seguridad y defensa, una vez que la Corte Constitucional (CC) emitió dictámenes favorables y concluyó que no requerirán de aprobación de la Asamblea Nacional. En la administración presidencial de Guillermo Lasso Mendoza se suscribieron dos documentos denominados Acuerdo relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas y Acuerdo Relativo al Estatuto de las Fuerzas. Con el acuerdo sobre actividades marítimas transnacionales ilícitas se pretende fortalecer la intervención de los dos Estados para prevenir, identificar, combatir, impedir e interceptar las actividades ilícitas y se haría solamente contra buques sospechosos, incluidos aquellos sin nacionalidad. Serán la Armada del Ecuador y el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos los que realizarán las acciones para prevenir, debilitar y suprimir el tráfico ilícito de drogas; la delincuencia organizada transnacional; el tráfico ilícito por mar de migrantes; la proliferación de armas de destrucción masiva, químicas, bacteriológicas y tóxicas, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Sobre el segundo acuerdo Relativo al Estatuto de las Fuerzas se permitirá que «el personal militar y civil de los Estados Unidos puedan estar presentes temporalmente en el territorio del Ecuador con relación a visitas de buques, entrenamiento, ejercicios, actividades humanitarias tales como respuestas a desastres naturales y provocados por el hombre, actividades de cooperación para abordar retos de seguridad compartidos, entre ellos, el tráfico ilícito, el terrorismo internacional y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y otras actividades mutuamente acordadas». Los dictámenes se aprobaron en una plenaria del 11 de enero con seis votos a favor y tres salvados (en contra del dictamen de mayoría). Los magistrados Alí Lozada, Enrique Herrería, Karla Andrade, Daniela Salazar, Carmen Corral y Teresa Nuques coincidieron que los instrumentos no incurren en las causales establecidas en el artículo 419 de la Constitución en el que se dispone que la ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que: Se refieran a materia territorial o de límites. Establezcan alianzas políticas o militares. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución. Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio. Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional. Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético. Otro de los argumentos fue que no se configura «una alianza militar porque tiene como fin, exclusivamente, la cooperación para hacer frente a las actividades marítimas ilícitas, específicamente las relativas al tráfico de drogas, tráfico ilegal de migrantes, transporte peligroso de migrantes, proliferación por mar de armas de destrucción masiva, pesca ilegal no declarada ni reglamentada». «Esta finalidad no corresponde a la defensa de la soberanía y la integridad territorial, propias de las actividades militares, de conformidad con el artículo 158 de la Constitución; es decir, los acuerdos no regulan actividades que corresponden a la misión fundamental de las Fuerzas Armadas, mucho menos versa sobre una alianza militar», se indicó respecto de las actividades sobre control marítimo. En definitiva, se señaló que ninguno de los dos tratados están incursos en el artículo 419 de la Carta Política, por lo que no requiere aprobación de la Legislatura y se devolverán a la Presidencia de la República para que continúe con el trámite. Es decir, una vez notificado de estos fallos constitucionales, el presidente de la República «informará de manera inmediata a la Asamblea Nacional de todos los tratados que suscriba, con indicación precisa de su carácter y contenido». El artículo 418 de la Constitución precisa que un tratado «solo podrá ser ratificado, para su posterior canje o depósito, diez días después de que la Asamblea haya sido notificada sobre el mismo». Los jueces Alejandra Cárdenas, Jhoel Escudero y Richard Ortiz emitieron un voto salvado y en su dictamen conjunto consideraron que previa la vigencia de dichos documentos se «exige un debate robusto y un control más fuerte» sobre ellos y, por tanto, requiere un pronunciamiento del Parlamento. El pronunciamiento constitucional se da en un momento en el que rige un estado de excepción y la declaratoria de conflicto armado interno - desde el 9 de enero de 2024- debido a motines carcelarios, huida de los máximos líderes de dos bandas delictivas de la cárcel y el cometimiento de actos calificados como «terrorismo» en contra de la población civil, atribuidos a 22 Grupos de Delincuencia Organizada (GDO). Esta coyuntura propició la presencia en Quito de una delegación de alto nivel del Gobierno de los Estados Unidos para coordinar acciones de apoyo logístico para Ecuador. La comitiva está encabezada por Christopher Dodd, asesor presidencial especial para las Américas; Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos; y Christopher Landberg, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, enviados por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Fuente: El Universo (Ecuador)

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