Fecha Noticia: 18/04/2024
La directora zonal 8 del Ministerio de Turismo, Fanny Condo, abogó por el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la articulación responsable junto con los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) para generar un entorno favorable para que la Ley para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo pueda ser aplicada de la mejor manera. Según datos proporcionados por su despacho, el sector turístico es la tercera fuente de ingresos no petroleros que percibe el Ecuador. Condo detalló que el ingreso de divisas por turismo en el 2023 generó al país $ 2.040,2 millones, y por ventas totales, $ 6.029,13 millones. Ambas cifras corresponden únicamente a los establecimientos que cuentan con el registro turístico que aprueba la cartera de Estado. La ley entró en vigencia el lunes 25 de marzo de 2024; no obstante, el Ministerio de Turismo sigue trabajando en su reglamentación. La reducción del IVA en actividades turísticas ya se aplicó en el periodo de Guillermo Lasso. ¿En el gobierno de Daniel Noboa hubo necesidad de una nueva reglamentación? Son doce días al año que se puede aplicar esta reducción del IVA al 8 %. Con la nueva subida del 15 % ya son siete puntos, que son más significativos. Esto realmente no es un paliativo para el establecimiento, para el empresario turístico; esto realmente es beneficio del usuario y es para promover que el usuario gaste más, por decirlo así. Y se ven más resultados en el rubro de alimentos y bebidas que en el rubro de alojamiento. Ya vimos el ejercicio anterior; entonces se lo pudo aplicar (en Semana Santa) igual que se lo aplicó antes; o sea, no hubo necesidad de una nueva reglamentación. No podemos tener esta relación de cuánto se obtuvo a través del 8 % versus el 12 %. La información que nos llega a nosotros es a través de los prestadores de servicio turístico. Obviamente, si gana el Sí, para el sector turístico, para muchos destinos turísticos, sería como un respiro, porque podrían cambiar las reglas del juego en cuanto a seguridad e inseguridad. Ahora la mayor parte de las leyes parece que están a favor de los victimarios en lugar de la víctima, y eso implica el sector turismo. Digamos que jugando con otras reglas que sí aplican en el tema de la ley, por ejemplo, el tema de que las empresas turísticas pueden deducir sus gastos en los que hayan incurrido por temas de seguridad, llámese equipamiento, sistema, cámaras, personal, etcétera, pueden ser ya incluidos dentro de los deducibles del impuesto a la renta, por ejemplo. Una petición que nos hicieron los propios transportistas turísticos y que ya se aprobó ahí es que puedan poner en sus unidades de transporte turístico terrestres sistemas de georreferenciamiento abiertos para que puedan ser controlados tanto por el ECU911 como por la empresa; primero, porque el transporte turístico no tiene la cámara como la tienen los transportes públicos, y una debilidad de los transportes públicos es que esas cámaras, si el ECU911 no vio qué pasó —dicho sea de paso, no tienen conectividad hoy en día—, la empresa que quisiera poder ver no lo puede ver y, por lo tanto, no puede reaccionar. Esto ya se permite. Entonces, sí está trabajando en otra línea, que es para favorecer el entorno de seguridad dentro de las empresas y, por supuesto, algo que se trabaja en la articulación con los GAD y las entidades de seguridad para mejorar el entorno de seguridad, sea lo que sea que salga en la consulta. Por supuesto, el Sí lo necesitamos en el sector turístico porque eso va a facilitar muchísimo; pero, si no (gana el Sí), también estamos trabajando en otra línea que tampoco garantizaría la solución a este problema, a este conflicto de inseguridad. ¿Qué necesita cada una de las provincias que usted coordina: Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo y Bolívar? Para empezar, seguridad. Tenemos provincias más afectadas y menos afectadas. Creo que de mis provincias la más afectada es Los Ríos. Tenemos serios problemas en Los Ríos, especialmente en la zona norte. Tenemos empresarios que tuvieron que cerrar, empresarios que tuvieron que hacer su maleta, y no solo cerrar sino irse por su propia seguridad, porque eran objeto de secuestro o ya habían sido secuestrados. Tenemos inclusive fallecidos, asesinados, que no sabemos si están o no están involucrados; no es nuestra competencia hacer esa parte, pero que afecta definitivamente al destino. Yo diría que el destino de Quevedo es el más lesionado en la parte de inseguridad de entre mis destinos. Hay otros destinos que todavía estamos peleando para mejorar las condiciones y para no tirar la toalla. Nosotros articulamos con el sector turístico porque es el sector turístico el que nos dice las necesidades, las problemáticas que hay en territorio: ellos son los que nos proporcionan información y nosotros lo que hacemos es trasladarla a las autoridades en caso de ser necesario, y articular con los diferentes estamenos, instancias, organismos, públicos y privados, para poder dotar de seguridad. Ahí el GAD tiene mucho que ver. El GAD de Salinas, por ejemplo, decidió para poder recuperar el flujo turístico hacia su destino contratar su propio personal de seguridad privado para dotar al destino de seguridad específicamente. Esta seguridad no va solo por el lado del Estado; también es una responsabilidad de los GAD. Mientras más articulamos, se crea sinergia, y esa sinergia logra controlar el tema de la inseguridad. ¿Y percibe usted sinergia con los GAD para trabajar mancomunadamente? Depende de cada provincia. Sí hay articulación, pero depende de cada GAD en ese tema. ¿Cuántos establecimientos turísticos ya tienen registrados? Tenemos un catastro de 25.000 a nivel nacional, en la provincia del Guayas más o menos unos 4.200, en la ciudad de Guayaquil más o menos unos 3.400. Este nicho lo comprenden alimentos y bebidas, porque entra en la categoría de restaurante, cafetería, bar, discoteca, etcétera; alojamientos, que son hotel, hostería, haciendo turística, inmuebles habitacionales (lo que se conoce como Airbnb, a nivel internacional le llaman rentas de corta estadía).
