Fecha Noticia: 15/01/2021
Aprobar un impuesto de 7,5% sobre los rendimientos y ganancias de capital del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, implicaría una reducción del saldo del 14% luego de 40 años de ahorro y hasta un 18% menos en el monto de la pensión que recibiría cada trabajador.
Por esta razón, diputados de varios partidos y la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), se oponen a las intenciones del gobierno de cobrar un nuevo tributo a las pensiones.
La iniciativa forma parte del paquete de prepuestas que ha hecho el gobierno de Carlos Alvarado al Fondo Monetario Internacional (FMI), para contener el déficit fiscal y el peso de la deuda.
El plan se está negociando en estos momentos entre las autoridades del gobierno y la delegación del FMI.
“Un impuesto a los rendimientos del Régimen Obligatorio de Pensiones afectará doblemente a los afiliados: en primer lugar porque les reduce el monto que acumularán en dicho fondo y, en segundo lugar, porque los restringe a una pensión menor una vez concluida su etapa de cotizantes, porque el saldo remanente en la cuenta individual -que también se invierte- obtendrá lógicamente una menor rentabilidad”, dijo la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), quien calificó la medida como un “castigo injusto”.
Un impuesto a los rendimientos de las pensiones complementarias atenta contra el espíritu con el que fue planteada y aprobada la ley de protección al trabajador, la cual, pretende crear ingresos adicionales, con aportes de los mismos trabajadores y de sus patronos, para complementar la pensión básica y mejorar la condición económica de los trabajadores en la etapa más vulnerable de sus vidas, sobre todo, ante la inevitable disminución de los recursos de que dispone el IVM.
En ese sentido, habría un retroceso de 20 años en el sistema de seguridad social.
“Es inaudito que se quiera tomar como fuente impositiva, fondos concernientes a la seguridad social, disponiendo de esos recursos para un objetivo distinto al de la ley. Esto pondría en peligro el régimen, por cuanto se faculta al Gobierno a gravar recursos destinados a la seguridad social”, dijo Eduardo Cruickshank, presidente del Congreso.
La propuesta también fue rechazada por legisladores de Liberación, la Unidad y Restauración.
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