Fecha Noticia: 03/12/2024
Con el objetivo de garantizar la disponibilidad de alimentos esenciales a precios justos, el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, presentado por el gobierno del presidente Luis Arce, incluye una disposición adicional que faculta a las autoridades a hacer controles estrictos sobre la comercialización de productos básicos. “Se faculta a las entidades competentes activar acciones de control, fiscalización, confiscación o decomiso de productos a los actores de comercialización de alimentos que almacenen o retengan y pretendan encarecer los precios de los mismos”, advierte el documento en la disposición séptima. Según el documento, estas medidas buscan proteger a las familias bolivianas del impacto del agio y la especulación en los productos de la canasta familiar. Además, la normativa exige que todos los actores de la cadena productiva de alimentos esenciales, desde los productores hasta los comercializadores, declaren información de la producción, transformación y comercialización. Este registro, que tendrá carácter de declaración jurada, estará protegido bajo el principio de confidencialidad y será reglamentado por una resolución conjunta de los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, y de Desarrollo Productivo y Economía Plural. El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, explicó que esta disposición permitirá a todos los niveles de gobierno hacer operativos de control con respaldo legal, decomisar productos y comercializarlos a precios justos. Silva enfatizó en que los especuladores, particularmente intermediarios, son responsables de encarecer productos como el arroz al acumular grandes cantidades en almacenes, esperando incremento de precio basados en mercados externos. “Eso es agio, eso es especulación, y no podemos permitirlo. Con esta disposición legal se da un marco jurídico para intervenir sin vulnerar derechos, pero protegiendo a la población del abuso de ciertos sectores”, señaló la autoridad. La implementación de estas medidas reforzará la lucha contra prácticas especulativas que afectan el bolsillo de los bolivianos y garantizará un mercado interno más equitativo.
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