Fecha Noticia: 20/06/2018
La senda de Colombia para volver a crecer a niveles del 4%, como en sus mejores épocas de bonanza petrolera, tardaría tres años y su alto desempeño duraría un lustro.
Esto, luego de que se hiciera una corrección al alza del crecimiento del producto interno bruto (PIB) para los próximo años, con un máximo de 4,4%, que se lograrían en las vigencias 2022 y 2023.
Así quedó consignado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) del 2018, que trabaja con los supuestos de que el barril de petróleo Brent (de referencia para Colombia) tendría similar comportamiento en sus precios. Es decir, alcanzaría su precio máximo (US$68) entre el 2022 y 2025, los mismos años de mejor balance general.
Para cuando llegue ese momento, según señala el MFMP, el crecimiento económico del país será el que verdaderamente está en capacidad de lograr, según el Comité Consultivo de la Regla Fiscal.
“Con respecto a los ingresos de capital de mediano plazo, se prevén mayores excedentes financieros, principalmente provenientes del sector petrolero. Adicional a esto, se contempla la necesidad de ejecutar un programa de enajenaciones de activos públicos, necesarias para el cumplimiento de las metas exigidas por la Regla Fiscal”, señala el documento.
En plata blanca, con esto se refieren, por un lado a que el buen rendimiento de las empresas petroleras y del precio internacional del barril de crudo le darán mayores tajadas a las arcas públicas; de hecho, por cada dólar que sube este indicador, al país le entrarían algo más de $400.000 millones, lo que serían casi $5 billones el próximo año.
Por otro lado, el comentario del Marco Fiscal también da a entender que la Nación tendrá que salir de activos que no le son rentables, tal y como actualmente viene haciendo con su participación en Colombia Telecomunicaciones, aunque hay otras empresas en que sí les va bien, tales como Ecopetrol.
CLAVES PARA CRECER
En un reciente estudio hecho para el Banco de la República, Hernando José Gómez y Laura Juliana Higuera indicaron que la posibilidad de volver a ritmos del 4% eran posibles, pero requerían tareas fiscales de alto alcance.
“Es necesario facilitar un mayor uso de factores productivos e ineludiblemente adoptar medidas que faciliten el crecimiento en la productividad. Por ello, se vuelve esencial pensar en una estrategia de desarrollo sostenible que privilegie el crecimiento verde entendido como un uso más eficiente de los recursos naturales y los insumos”, señalaron los investigadores.
Es más, el mismo Gómez entregó hace unos días los resultados de la Comisión de Crecimiento Verde, que van en la misma línea del planteamiento antes dicho y que dicen que el aporte al medioambiente no va necesariamente en contravía del crecimiento económico.
Por su parte, Mauricio Reina, investigador de Fedesarrollo, dijo que “otras tareas son incentivar el aumento de las inversiones, reducir tasas impositivas y eliminar restricciones en mercados como el de la tierra y el laboral, además de tener provisión de bienes públicos en sectores claves”.
En cualquier caso, la consecución de estos resultados también dependerán de la política fiscal del nuevo Gobierno y de su ya anunciada reforma tributaria.
RENTABILIDAD EN 3 DE CADA 4 FIRMAS DE LA NACIÓN ES BAJA
La Nación tiene inversiones en más de 100 empresas privadas, pero no todas le dan rentabilidad ni le son beneficiosas para sus cuentas fiscales.
A partir de este precepto, el Ministerio de Hacienda contrató una consultoría técnica de esta materia, con la cual planea trazar su hoja de ruta de desinversiones. Los resultados son claros: el valor estimado de su portafolio de empresas es de casi $120 billones, cifra que es mayor a los $70 billones que registran en su valor patrimonial, aunque gran parte de esta también la aportó Ecopetrol gracias a su capitalización bursátil.
Sin embargo, también se encontraron aspectos como que de 30 empresas evaluadas, “23 presentaron una rentabilidad inferior a la mínima esperada”, mientras que 10 de las estudiadas “presentaron un valor de mercado por debajo de su valor en libros”.
Esto se desprende del Reporte anual de empresas de la Nación 2017 del Minhacienda, que también indica que las empresas del sector energético tienen un gran potencial de capturar mayor valor, mientras que las del sector financiero “pueden mejorar su rentabilidad, reducir costos e integrar servicios”.
De este mismo, el informe encontró que algunas compañías presentan un rendimiento de su portafolio menor al del mercado en general, y que otras tantas tienen alta rotación de personal.
Lo anterior, sumado a problemas de gobierno corporativo y de falta de continuidad en las estrategias macro son retos claves que tienen las firmas en las que el Estado tiene tajada.
De este panorama se desprende una conclusión del estudio del Minhacienda y es que “resulta evidente la necesidad de definir cuáles empresas cumplen un rol social o desarrollan objetivos de política pública, con el fin de establecer criterios objetivos que permitan evaluar su gestión y eficiencia, así como fijar objetivos mínimos de rentabilidad”.
A pesar de lo anterior, el ‘combo’ de empresas donde la Nación tiene mayor participación duplicó sus utilidades entre el 2016 y el 2017, pues pasó de $4,8 billones a $9,6 billones, cifra jalonada en buena parte por Ecopetrol.
