Fecha Noticia: 21/10/2016
El alza de 10% a 15% en la tasa de cotización previsional con cargo al empleador, que propuso el gobierno como uno de los lineamientos para una futura reforma al sistema de pensiones, generaría una recaudación anual de unos US$ 3.300 millones. De ese total, el 68% provendría de personas con ingresos mensuales bajo los $ 1,5 millones, según estimaciones de la AFP Habitat.
Para el cálculo se utilizó información que publica la Superintendencia de Pensiones (SP) en su web, la que dice relación con el número de cotizantes por tramo de renta a junio, con límite en el actual tope imponible de UF 74,3, (unos$ 1.949.471 millones). Considerando un promedio de ingresos y la cifra de personas por segmento, se obtuvo la renta que suma cada grupo y el 5% respectivo, correspondiente al aporte que cada tramo haría por concepto del alza en la cotización propuesta. La suma de esos resultados por segmento da el total de recaudación (ver infografía).
“Lo que vimos es que, a $ 1,5 millones, llegamos a cerca del 68%. Es decir, atendiendo a los datos a junio y anualizando los resultados de forma simple y sin hacer supuestos, esto recaudaría US$ 3.300 millones al año y el 68% lo aportaría la gente con ingresos menores a $ 1,5 millones”, dice Eugenio Camus, subgerente de desarrollo de Habitat.
Aunque hay consenso en que se debe elevar la tasa de cotización -la Comisión Bravo propuso hacerlo a 14%-, parte del debate surgido tras los anuncios se ha centrado en si el alza es o no un impuesto al trabajo. Esto, en la medida que, el total o una fracción, iría a un fondo solidario y no a las cuentas de capitalización individual. Lo propio ocurre respecto a si sería una medida regresiva o no.
“Un impuesto se define como regresivo cuando, en mayor proporción, lo paga la gente que tiene menos”, dice Camus. En esa línea, ejemplifica con el porcentaje del sueldo que se aportaría al financiamiento del cuarto pilar, según los niveles de ingreso. “Si alguien gana $ 500 mil, aportaría el 5% del sueldo. Lo mismo hasta llegar al tope imponible”, sostiene,
Pero quienes tienen salarios brutos por encima del tope consignado, contribuirían menos en proporción a su renta. Así, aquellos que ganan $ 2 millones harían una contribución de 4,9% de su ingreso bruto; en el caso de los que tienen un salario mensual de $ 3,2 millones, sería de 3,2%. El guarismo sería de 1% si el sueldo es de $ 10 millones, detalla.
La medida tendría los “defectos de un impuesto específico y eso genera distorsiones en el mercado del trabajo”, afirma. Expone, además, si bien el aumento de cinco puntos es con cargo al empleador, tarde o temprano lo pagarían los trabajadores a través de un menor crecimiento de las rentas.
Otras inquietudes
En la industria hay también otras inquietudes. Francisco Klapp, investigador del programa económico de LyD, dice que se debe atender a quiénes serían los beneficiarios del cuarto pilar. “Si uno pensara que son los mismos que hoy perciben la pensión básica solidaria (PBS) o el aporte previsional solidario (APS), sería un grupo más acotado aún. Parte de la clase media que cargaría con este impuesto, quedaría fuera de cualquier eventual beneficio”, señala.
El presidente de la Asociación de AFP, Rodrigo Pérez, manifiesta preocupación por trabajadores con ingresos de $ 500 mil o más, que representan alrededor del 50% de los cotizantes y que no reciben beneficios del Estado. “Son personas que enfrentan los mismos desafíos de lagunas previsionales, de bajas tasas de interés y mayor longevidad, y que no estarían percibiendo nada en sus cuentas individuales”, declara, aludiendo a si todo el adicional fuera al cuarto pilar. “Para ellos construir una pensión ahorrando 10% es muy difícil. Si el 5% no va a las cuentas individuales, vamos a tener un problema grave para, al menos, la mitad de los chilenos”, complementa.
Pero en el tema hay matices. Si bien José Luis Ruiz, director del magíster en Finanzas de la Universidad de Chile e integrante de la Comisión Bravo, está de acuerdo con que cualquier aumento de la cotización vaya a las cuentas individuales y que la solidaridad se financie con impuestos generales, manifiesta que para saber cuan regresiva puede ser la propuesta del cuarto pilar hay que considerar los aportes y beneficios.
“Los cotizantes de menores salarios reciben menores pensiones y serían beneficiarios netos de una medida solidaria, por lo que la medida no sería regresiva para ellos (…) Existirá entonces un valor de pensión a partir del cual una persona será un financiador neto del cuarto pilar y la medida se volverá regresiva”, plantea. “Los de mayores salarios imponibles aportaría y no recibirían beneficio solidario, pero estarán financiando la solidaridad con un porcentaje menor de sus ingresos a medida que sus salarios crecen”, acota.
