La política arancelaria parece, por ahora, el más visible mecanismo por el que opta el Gobierno para tratar de corregir los desequilibrios que produce la caída de los precios del petróleo.
La aplicación de impuestos a las importaciones (aranceles) para cerca de 600 ítems reduce el destino de divisas para esos fines, sin embargo tiene efectos innegables en el costo de los productos para los consumidores e incluso en el aliento al contrabando. La política pública en materia de comercio exterior debe ser vista como un todo.
Los impuestos a las importaciones y el fomento a las exportaciones debieran ser dos partes de un mismo engranaje. Sabemos que aumentar los aranceles complica la relación con países con los que mantenemos un activo comercio. Los casos de Colombia y Perú, que forzaron una resolución de la Comunidad Andina que obliga al Ecuador a recular, ilustran el caso. La proyección de este nuevo escenario en medio de la puesta en práctica del acuerdo comercial con la Unión Europea debiera preocupar.
En ese contexto la salida abrupta del Ministro de Comercio Exterior, que llevó adelante con éxito para el país las negociaciones con Europa, obligan a estar expectantes sobre la continuidad de esas políticas, y esa será una tarea primordial del nuevo Secretario de Estado. Poner en vigor una política que expanda las fronteras a los productos ecuatorianos exportables, no solamente con Europa, sino con Asia por ejemplo, debiera ser una meta imprescindible.