Fecha Noticia: 28/07/2014
En 2013 las operadoras móviles privadas Claro y Movistar, según el portal de la Superintendencia de Compañías, entregaron al total de sus trabajadores $130,3 millones por concepto de utilidades. Ahora, con la reforma que plantea el Presidente Rafael Correa, de mantenerse las mismas ganancias económicas de aquel período, los empleados recibirían en conjunto $26 millones.
El Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Telecomunicaciones, enviado el pasado 17 de julio a la Asamblea, el Gobierno plantea que los trabajadores reciban el 3% por utilidades y el 12% restante pase al Estado. De esta manera, según las cifras publicadas por estas compañías en el organismo de control, Claro entregó, por concepto de utilidades, $104, 6 millones y Movistar $25,6 millones. De aprobarse la reforma, el Estado tendría $104,2 millones por este rubro.
El documento plantea un cambio a las obligaciones laborales de empresas que utilizan espectro radioeléctrico. Allí se especifica que el dinero se destinará a proyectos de inversión social y desarrollo de las telecomunicaciones, en especial la universalidad del servicio. En cuatro páginas se especifica, además, que las obligaciones de orden laboral contraídas con sus trabajadores por estas empresas serían de su exclusiva responsabilidad y de ninguna manera se harán extensivas al Estado.
Para el asambleísta Luis Fernando Torres hay dos lecturas en este tema. La primera es que se observa que el Gobierno tiene una necesidad de recursos y por ello busca el 12% de las utilidades de este sector. En segundo lugar, las autoridades, dice Torres, envían un mensaje a aquellos trabajadores que reciben utilidades dentro de una actividad en la que se aprovechan recursos pertenecientes al Estado.
En este caso es el espectro radioeléctrico. “La justificación -dice el asambleísta- no me parece lo suficientemente adecuada. Impedir que tengan demasiadas utilidades las personas que trabajan, por ejemplo, en esas operadoras, tampoco tiene sentido. De tal modo que el proyecto tiene que ser leído en su integridad para ver en el fondo qué hay detrás de todo. Si se trata de aumentar recursos a la caja fiscal o se trata de enviar un mensaje claro en las utilidades”.
El legislador señala que con esta nueva normativa se pretende perjudicar a un importante sector en el que no solo laboran gerentes, sino también conserjes, secretarias, por ejemplo. Esto en relación a los sueldos. “Habrá que medir el impacto y analizar el mensaje -continúa Torres-. El problema es que el Presidente dice (que las operadoras) ganan mucho y dicta una reforma para que no ganen así. Eso es discriminación. Aquí ya no se trata del número de votos que tenga en la Asamblea, sino de conceptos”.
Precisamente, en la exposición de motivos, Correa, quien firma el proyecto de ley, establece que la legislación relacionada al sector de las Telecomunicaciones y en particular la Ley Especial de Telecomunicaciones vigente desde 1992, no han sido ajustadas al nuevo marco constitucional, por lo que se genera una diferencia entre los trabajadores de otros sectores estratégicos, tales como la minería y los hidrocarburos. De ahí que, señala el texto, uno de los deberes del Estado es impedir la coexistencia de normas que generen diferencias o desigualdades.
En los considerandos se menciona el artículo 328 de la Constitución que establece, entre otras cosas, que las personas que trabajan en el sector privado tienen derecho a participar de las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con esta ley, la que deberá además fijar los límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos no renovables.
