Fecha Noticia: 16/04/2024
De forma unánime, con los votos a favor de ocho legisladores presentes, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe que recomienda al pleno de la Asamblea Nacional el juicio político contra Fernando Santos Alvite, exministro de Energía y Minas del gobierno de Guillermo Lasso. Si el enjuiciamiento prospera, el exfuncionario podría ser censurado de ocupar cargos públicos. El exfuncionario será interpelado por el “mal manejo de la crisis energética que derivó en el racionamiento de energía, con enormes pérdidas para el país”, informó la Asamblea en un comunicado, la noche del lunes 15 de abril. La mesa legislativa concluyó que los cortes de energía se pudieron prevenir, tomando en cuenta que la temporada de estiaje en la cuenca oriental ocurre de manera cíclica de octubre a marzo de cada año. Tampoco hubo una declaratoria de emergencia para atender las necesidades del sector energético. Los asambleístas puntualizaron que a pesar que el estiaje empeoró por efecto del fenómeno de El Niño, organismos especializados habían advertido con anticipación lo que ocurriría. Las autoridades “podían prever y tomar medidas, lo que demuestra que hubo improvisación, falta de acciones concretas, así como el incumplimiento del Plan Maestro de Electrificación, al igual que de los mantenimientos programados y la repotenciación de algunas hidroeléctricas y termoeléctricas para suplir la falta de generación durante la sequía”, indica el comunicado. Así mismo, la Comisión determinó que no se atendieron las alertas que emitieron el Operador Nacional de Electricidad (Cenacee) y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) sobre los efectos del estiaje. Al respecto, Fiscalización concluyó que “la respuesta de las autoridades fue nula o tardía”, no se contrato gas para la Termoeléctrica Machala, se declaró desierta la contratación de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) para aumentar 465 MW y el contrato con Energyquil establece unas obligaciones distintas a las manifestadas públicamente por el exministro. Además, no se incorporó nueva oferta eléctrica para enfrentar la temporada de sequía. Y se compró energía a Colombia a precios superiores a los del mercado, que le costó al país más de $ 230 millones.
