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COLOMBIA     

 

01/10/2014 - Colombia es 61 entre 99 países en eficiencia de la justicia

  La pregunta resuena por los pasillos de los juzgados que están ubicados en la carrera 10.ª de Bogotá, lo mismo que en los que se encuentran en antiguos edificios de Tunja o Bucaramanga o en esos a los que llaman, elegantemente, juzgados promiscuos, para no decirles juzgados ‘puteados’, expresión que definiría mejor la situación en la que se encuentra buena parte de ellos a lo largo y ancho de Colombia.

Luego de uno o dos estornudos causados por la humedad de los viejos despachos y las alergias de quienes no resisten los ácaros que se posan en la infinidad de folios que ya no caben en las consabidas barandas, llega la pregunta del millón: ¿cómo nos cambiará la vida la tal reforma del Estado?

Hablamos, claro, de la reforma que, según dicen los ministros del Interior y de Justicia, lo mismo que algunos senadores y magistrados, “resultará indispensable”. La reforma que es analizada por columnistas y agudos comentaristas, vista en detalle por abogados y académicos y criticada con frases rimbombantes por la ácida oposición.

De eso hablan en el Capitolio y en el Palacio de Justicia mientras para millones de colombianos, en cambio, la dichosa reforma simplemente no significa nada, porque sus vidas seguirán siendo las mismas y porque las oficinas a las que van en busca de justicia continuarán siendo más bien acumuladeros de papeles y nada más.

La preocupación de la gente de a pie es hoy más legítima que nunca. Según un reciente estudio del World Justice Project que mide la eficiencia de los aparatos de justicia en el mundo, Colombia ocupa el deshonroso puesto 61 entre 99 naciones.

Como si fuera poco, de acuerdo con la última encuesta del mes de agosto de Invamer Gallup, el sector judicial colombiano es el más desprestigiado de todos, alcanzando un 79 por ciento de imagen desfavorable, diez puntos más que el Congreso y un punto más que los partidos políticos, de los que tan mal se habla.

Lo que parecía increíble hace unas décadas está pasando: los jueces hoy están más desprestigiados que los políticos de turno, y a ninguno de ellos parece importarle. Se trata del nivel más alto de desfavorabilidad en todos los años que Gallup lleva haciendo su medición.

Los pleitos laborales, civiles, comerciales son francamente eternos. Y mientras tanto, según un documento publicado por el consejo privado de competitividad, los jueces andan ocupando un 80 por ciento de su tiempo en procesos ejecutivos, es decir, en aquellos promovidos especialmente por el sistema financiero colombiano para cobrarles deudas a sus usuarios. (¡Cuántas de esas disputas podrían solucionarse por la vía de una conciliación!)

Para rematar, los ciudadanos ven pasar sus vidas sin que se ponga punto final a sus controversias jurídicas, porque sorprendentemente entre más escalan sus casos en la interminable pirámide de la administración de justicia más se demoran las respuestas que buscan. Cifras aportadas por el propio Consejo Superior de la Judicatura demuestran que son más eficientes los juzgados de primera instancia que los denominados ‘órganos de cierre’ o las altas Cortes, en donde la justicia es aún más lenta.

Y entonces vuelve la pregunta inicial: ¿cómo va a solucionar la reforma, de la que todos hablan, estos problemas que nos afectan directamente a los colombianos? La respuesta es que ayudará muy poco, o casi nada, como tampoco ayudaría una reforma que el Ministro actual tiene en remojo y que no se ocupa ni por un segundo de estas tragedias de las que usted y yo padecemos sin remedio cada vez que se nos da por reclamar un poco de justicia.

Mientras el país político sigue hablando de cómo ponerles coto a los magistrados Ricaurte y Munar o al procurador Alejandro Ordóñez, al país nacional le inquietan otros problemas que ni el Gobierno ni el Congreso, ni mucho menos la Rama Judicial, han sido capaces de captar.

El problema no es de plata

Los jueces y magistrados tampoco están aportando nada en la búsqueda de alternativas reales. Las pretensiones de los sindicatos de la justicia se reducen siempre a pedir que se amplíe el presupuesto o que se aumente la planta de empleados de la Rama, o que se mejoren los salarios de los que ya están.

Sin embargo, lo que el país desconoce es que casi todos los años ese presupuesto asignado a la justicia se queda sin ejecutar. Tanto el Centro de Estudios de Derecho (DeJusticia) como el Consejo Privado de Competitividad han insistido en que los requerimientos de inyección presupuestal para la justicia se soportan en muy poca evidencia técnica y siempre que se acercan los últimos tres meses de cada año el Ministerio de Justicia expresa su preocupación porque para entonces no se llega ni a un 60 por ciento de la ejecución presupuestal en la Rama Judicial.

El asunto no es de falta de dinero, sino de pésima administración de los recursos que hay. La reforma propuesta le otorga un inmenso poder al nuevo director ejecutivo de la Rama Judicial, que se designaría si este cambio en la Constitución prospera. La pregunta es si ese ‘supergerente’ podrá actuar con independencia frente a los magistrados que serán sus superiores y que continuarán en sus puestos haciendo las mismas marrullas de siempre.

La respuesta: tecnología

Tampoco ha sido una buena solución refugiarse en las mismas recomendaciones de siempre de los mismos sabios que conforman las mismas comisiones de ‘alto nivel’, dizque para resolver de fondo los problemas de la justicia.

El país tendría que darles una mirada a propuestas frescas e innovaciones jurídicas que, por venir de gente joven, son habitualmente subvaloradas. En la Universidad Sergio Arboleda, por ejemplo, bajo la dirección del abogado José Fernando Torres, se habla de propuestas tecnológicas para mejorar la justicia, se elaboran modelos de presentación de demandas en línea y se sugieren plantillas inteligentes para la elaboración de documentos jurídicos por internet que le hagan más fácil la vida al ciudadano.

Junto con algunos ingenieros de sistemas curiosos y diseñadores industriales independientes, Torres ha formulado propuestas de juzgados ‘inteligentes’ que requieren una inversión mínima de recursos económicos y ni aun así han logrado captar la atención de los miembros del Consejo Superior de la Judicatura o de Ministro de Justicia alguno.

De otra parte, en la Superintendencia de Sociedades, bajo el liderazgo de otro joven, José Miguel Mendoza, se creó una corte mercantil que aplica criterios tecnológicos con lo que ellos llaman “ingeniería procesal”. Los resultados han sido sorprendentes: mientras en la jurisdicción ordinaria los casos societarios o comerciales pueden tardar cerca de 1.288 días –si bien les va– en la Superintendencia casos similares tardan en resolverse 141 días en el peor de los escenarios. ¿La clave? ¡Menos abogados y más ingenieros de sistemas!

Países como Etiopía o Jordania disminuyeron la duración de sus procesos en un 30 por ciento, según el Banco Mundial, tan solo focalizando la inversión en tecnología dentro de su sistema judicial. En Colombia, en cambio, hoy se invierte menos del 5 por ciento del total del presupuesto de la Rama en innovaciones tecnológicas y este año, para no ir más lejos, se aprobó un recorte de recursos a la unidad informática de la justicia. ¡Así cómo!

No, apreciados congresistas, señores ministros y desvalorados magistrados. No es con el cambio de articulitos constitucionales como se construirá la verdadera reforma que necesitan los ciudadanos. Si así fuera, las más de 40 modificaciones de la Constitución de 1991 ya habrían servido para algo, pero aquí todo va de mal en peor.


Fuente: El Tiempo (Co)
   
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